PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

Por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se ha avanzado un preacuerdo con las organizaciones sindicales sobre un nuevo proceso de estabilización para el personal temporal y alcanzar el objetivo de un máximo del 8% de temporalidad en las Administraciones Públicas. Este preacuerdo deberá materializarse en modificaciones normativas que, según la información disponible, verán la luz dentro de este mismo ejercicio.

Como punto central del acuerdo se encuentra el ampliar al 31 de diciembre de 2020 el límite temporal para el proceso; es decir podrán acceder al proceso de estabilización a aquellos puestos que hayan estado ocupados ininterrumpidamente y de forma temporal con anterioridad a tres años antes del 31 de diciembre de 2020. El anterior acuerdo alcanzaba hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo que se amplía en tres años el acuerdo.

Mantienen como fecha límite para aprobar la estabilización el 31 de diciembre de 2021, pero añaden como fecha límite para realizar las convocatorias el 31 de diciembre de 2022 que antes era de tres años, y fijan el 31 de diciembre de 2024 para finalizar el procedimiento.

También se fija una indemnización de 20 días por año con un máximo de doce mensualidades, para aquellos interinos que no superen la fase estabilización.

Introducen la inaplicabilidad para la Administración Local de los artículos 8 y 9 (materias comunes y específicas) del RD 861/91, si bien este aspecto queda pendiente de desarrollo de cómo articular el proceso de selección. Entendemos que esta medida afecta también al personal de ofertas de estabilización ya realizadas.

Pero, además de esta regulación del nuevo proceso de estabilización, se fija una nueva regulación del trabajo temporal en la Administración Pública.

Para plazas vacantes se fija un máximo de tres años de duración de contratación interina. Si dentro de esos tres años se realiza la convocatoria de la plaza de funcionario de carrera, el interino podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria.

Para el desarrollo de programas, tres años o cuatro según comunidad autónoma; para la sustitución de titulares, por el tiempo imprescindible; por acumulación de tareas, nueve meses en un período de dieciocho.

Llegado el fin del período o la causa de contratación, la Administración, de oficio, dará por finalizada la relación laboral sin generar derecho a indemnización.

El incumplimiento de los plazos supondrá, además de la nulidad del acto, supondrá la derivación de responsabilidad, además del derecho a indemnización al trabajador interino.

Todas estas medidas se aplicarán a las contrataciones realizadas tras la reforma del TREBEP.

Estaremos al tanto de estas modificaciones así como de la Ley de la Función Pública de Andalucía que se publicará en breve y que también tiene repercusión en el ámbito local de Andalucía.

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