Ley 4/2017 de derechos y atención a personas con discapacidad

En el BOJA de ayer se publicó la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

La ley tiene por objeto promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a las personas con discapacidad, poniendo un énfasis especial en la situación de mujeres y niñas, el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía y asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad, todo ello estableciendo el régimen sancionador autonómico en materia de igualdad de oportunidades.

En relación con las Entidades, además del deber de regirse por los principios de actuación que establece la Ley, especialmente el principio de accesibilidad y diseño universal, tres son los artículos que pueden tener especial incidencia.

Por un lado el artículo 55 que regula el uso reservado de las plazas de estacionamiento accesibles. En concreto se fija la obligación de reserva de un porcentaje de plazas (a determinar en el Reglamento) para las personas titulares de la tarjeta de aparcamiento (que expedirá la Junta). Igualmente reserva en los principales centros de actividad a razón de una por cada cuarenta plazas. El Ayuntamiento deberá regular en Ordenanza los centros de actividad del municipio. Los ayuntamientos facilitarán la reserva de plazas de aparcamiento junto al centro de trabajo o domicilio de las personas o entidades titulares de tarjeta de estacionamiento. Mediante ordenanza se regularán las condiciones y procedimiento de concesión de estas plazas. También los ayuntamientos regularán el acceso gratuito en las condiciones que se estipulen a las zonas de estacionamiento limitado.

También el artículo 87 que fija que en aquellos casos en los que se denuncien incumplimientos de las exigencias que accesibilidad en los espacios públicos urbanizados o edificaciones, por actuaciones promovidas a iniciativa pública, la Consejería competente en materia de servicios sociales podrá requerir formalmente a la Administración pública que incumpla que lleve a cabo las adecuaciones necesarias para reparar los incumplimientos, otorgándole un plazo a tal efecto. En el supuesto de las entidades locales, si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por último el artículo 82 fija en las entidades locales la potestad sancionadora en materia de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

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